viernes, 14 de junio de 2013

"El Sansonismo"

Y exclamó (Sansón): “¡Muera yo junto con los filisteos! Después empujó con toda su fuerza, y el edificio se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente allí reunida. ¡Los que el mató al morir fueron más numerosos que los que él había matado en toda su vida! (Libro de Los Jueces 16:30)

Esta  descripción bíblica aporta la capacidad de asumir el propio sacrificio con tal de destruir, junto con uno mismo, el mayor número posible de enemigos del colectivo que se está obligado a defender, y para ello derribando el templo bajo cuyos techos todos se encuentran.
En la sociedad española, en sus medios públicos de difusión y en sus círculos privados de opinión,  da la sensación de estar extendiéndose una línea de expresión, que se puede calcar sobre lo que quizás el Sansón bíblico sentía en su corazón, cuando decidió empujar las columnas y derribar el  templo.
Existe un colectivo humano, los españoles, que se siente absolutamente frustrado en la mayoría de los órdenes de su vida. Y esta frustración es la simiente de todo el proceso, ya que no ven salida a la actual situación, por muchas promesas que escuchen, sino más bien prevén un empeoramiento en el futuro.
No creen ni en la capacidad ni en la honestidad de los dirigentes políticos. Estiman que se han enriquecido desmesuradamente, en un marasmo de corrupciones, sobornos, y cohechos, delinquiendo en la más absoluta impunidad, unos haciendo y otros dejando hacer. No quieren escuchar palabras como regeneración, cambio, ni modificación del hacer político, con la preocupación de que esto se traduzca en un “borrón y cuenta nueva”, que permita eludir responsabilidades.
No hay diferencia entre columnas y templo. El templo es todo ”nuestro régimen democrático de convivencia”.
Las columnas que sostienen el templo podrían ser la constitución, la monarquía, la justicia, los partidos políticos, los sindicatos, el sistema sanitario, el sistema de enseñanza, el sistema de pensiones, el sistema de representación electoral, la integración en la Comunidad Europea, la salida del Euro...
En los últimos meses hay colectivos que defienden varias teorías: “que la constitución no es válida, que ha quedado obsoleta y debe ser sustituida”, “que la monarquía es una cara antigualla, y debe ser cuestionada y eliminada”, “que la nación española es un conglomerado, históricamente artificial, que debe ser fragmentado”, “que los partidos políticos han de ser conducidos a la asfixia económica, junto con los sindicatos, ya que tanto unos como otros se han convertido en estructuras que defienden sus propios intereses y no los de los ciudadanos que dicen representar”, “que las cámaras legislativas son un gasto desmesurado y de dudosa eficacia, cuyos miembros gozan de privilegios fiscales e inmunidades sin sentido y han de ser disueltas y reducidas”, “que la justicia no es eficaz ni próxima al sentir de los ciudadanos, es lenta, lentísima y sus sentencias y el cumplimiento de las mismas no cumplen ni poco ni mucho con las expectativas de los ciudadanos, “que quienes nos representan son corruptos, prevaricadores y cohechables”, “que se está destruyendo la sanidad universal, la enseñanza para todos, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de ganarse la vida con un puesto de trabajo, y que los jubilados corren el riesgo de perder sus pensiones”.
Pudiera llegar a ser que quienes abanderan las anteriores afirmaciones consigan que el templo se derrumbe. Lo grave es que los ciudadanos, llamemos normales, por no usar la estúpida y sin sentido acepción de “a pié”, ¿los demás que son “de a caballo”?, nos encontramos bajo las cúpulas del templo. Es decir los ciudadanos que se dedican a mantener y sacar adelante una familia, que intentan convivir felizmente con su pareja, que desean un entorno de amigos con quienes celebrar lo que se pueda celebrar, y soportar juntos cuando las cosas vienen mal dadas, son los que por dura experiencia, saben que una vez se derrumbe la estructura bajo la que convivimos, ellos la tendrán que reconstruir, con su esfuerzo y su miseria.
Busquemos por tanto nuevos caminos para continuar la marcha, pero hagamos un esfuerzo por defender “el Templo”.

jueves, 23 de mayo de 2013

Desahucio y Estado Asistencial

Publicado en "Mercados 21"
Abril 2013

La actual crisis económica, que padecemos, está generando una serie de situaciones, humanamente lamentables, unas con notoria y pública repercusión social y otras que los afectados sufren en pudoroso silencio.
Entre las normas de convivencia social que nos vamos autoimponiendo, es importante el convencimiento de que gran parte de todos los problemas que el ciudadano pueda tener deben ser resueltos por el Gobierno de turno, aunque ello suponga su intervención directa en el ámbito privado de decisiones, con sus aciertos y errores y sus consecuencias favorables o desfavorables. No es un buen criterio, en realidad es un desastre, pero lo cierto es que cada vez tiene más propagandistas.
La situación actual “Desahucios Bancarios”, ha venido a ser cuestión de necesaria solución inmediata y de casi imposible solución equitativa y con consecuencias bastante imprevisibles a corto plazo.
Que una sociedad, como la nuestra, no puede permitir que algunos de sus ciudadanos sean privados de un lugar mínimamente acondicionado donde vivir, que ahora ocupan con una determinada titularidad  jurídica, y sean lanzados a vivir a la intemperie, podemos considerar que es incuestionable.
Que hubo quien considerando que su situación económica era estable y con futuro, se comprometió con una deuda que podría pagar y que tenía intención de pagar, y que ha sido la crisis económica la que le ha llevado a peor fortuna, trastocando todas sus previsiones financieras, absolutamente cierto. Pero que algunos adquirieron las viviendas, de las que hoy se les quiere expulsar, asumiendo unas obligaciones financieras que sabían que nunca podrían cumplir, aunque no hubiese habido crisis económica, pero que su estado de necesidad les obligaba a ello, también.
Que los bancos o entidades financieras no cumplieron con su obligación de haber valorado la capacidad del deudor hipotecario para cubrir los pagos de la hipoteca incurriendo en grave responsabilidad, nadie lo duda.
Pero debemos tener en cuenta; que somos un Estado de Derecho y que los pactos contraídos por contratantes, que actuaron libremente, deben ser respetados y mantenerse y defenderse  la exigibilidad de su cumplimiento por las partes. Si se considera que en la contratación hubo engaño, desconocimiento o cualquier otra causa que suponga la posibilidad de la nulidad de un contrato, esto debe determinarlo una sentencia de un tribunal o un acuerdo entre las partes.
Debemos tener en cuenta: que la intervención directa de los poderes del Estado, mediante una norma de general aplicación ya sea mediante Ley, Decreto-Ley o cualquier otra, perjudicando, con efecto retroactivo, la posición de uno de los contratantes, que actuó conforme a una ley vigente, y favoreciendo al otro, tendría carácter de expropiación forzosa sin compensación, lo que no es admisible en un estado que se titula democrático y además estado de derecho.
Si el criterio expuesto por los servicios jurídicos de la Unión Europea prospera, habrá que modificar nuestra legislación, pero ello no supone que se aplique con efecto retroactivo.
El problema de los desahucios debe ser resuelto con rapidez, y el Gobierno está obligado a que la solución signifique, que la nueva situación devuelva la paz social y se haga justicia en todos y cada uno de los casos. No es posible una solución de carácter general, pues las circunstancias en que las hipotecas que hoy se pretenden ejecutar, tienen su origen en circunstancias absolutamente diferentes.
Todos los titulares de viviendas adquiridas con carga hipotecaria, deberían ser tratados con arreglo a las mismas normas y criterios. No debe considerarse que por el hecho de encontrase en distintos niveles de necesidad el trato ha de ser distinto y naturalmente no debe entrarse en la intencionalidad de la adquisición o en el nivel de conocimientos de quienes contrataron, o si lo hicieron asistidos de letrado o no.
La función asistencial del Estado se realiza por otros derroteros, si una familia o un individuo necesita medios para poder cubrir una necesidad básica para su subsistencia se le facilitan y si ello supone que ocupará una vivienda, de propiedad pública,  gratuitamente y sine die, que se le facilite su ocupación.

Creemos que encontrar una solución que satisfaga a todas las partes, sin atentar contra el Estado de derecho, que restablezca la paz social y no suponga un coste desequilibrador para las finanzas del Estado, es una obra de extraordinaria dificultad y mucho más con la presión que supone la urgencia. Deseamos que quienes hayan de llevar adelante el procedimiento acierten. ¡Suerte!.

viernes, 22 de febrero de 2013

Auge y Destrucción de la Clase Media

Publicado en "Cinco Dias" 
Febrero 2013

No es fácil determinar que colectivos humanos forman la denominada clase media. En cada tiempo, en cada lugar y en cada cultura los límites cambian y los criterios para establecer una definición clara varían. Casi se llega a la conclusión que es más una sensación del colectivo que una definición cerrada.

Durante los últimos setenta años se ha tenido en España la sensación de que la clase media aumentaba, cada vez más ciudadanos formaban parte de ella y las distintas facetas del llamado estado del bienestar las iban cubriendo, disfrutaban sin grandes problemas de enseñanza, sanidad, vivienda, un puesto de trabajo, una jubilación y unos comedidos ahorros, el país prosperaba. Pero, esta línea de crecimiento, de expansión, se está deteriorando muy gravemente en estos últimos años.

La clase media la componen ciudadanos, en principio, con una gran tolerancia, estiman como superior la libertad individual y el riesgo que conlleva el  direccionismo y la protección del Estado. Estabilizan la sociedad y sólo en situaciones extremas reaccionan con ira, contra quienes entiende que están destrozando su hábitat natural.

El área de actividad económica de la mayoría, suele ser el ejercicio de actividades profesionales, y el mantenimiento de pequeñas y medianas empresas. En la actualidad, estos grupos están siendo violentamente zarandeados por la actual crisis económica. Cierre de pequeñas empresas, reducción de sueldos y pensiones, desvalorización  de sus activos en los que invirtieron durante toda la vida, aumento de costos en servicios absolutamente necesarios, tratamiento fiscal que deteriora gravemente su capacidad de ahorro y de consumo, y siga sumando.

No seamos ajenos a que si en el momento actual, seis millones de parados, no son un explosivo que vuela nuestra sociedad, se debe a ese enorme colectivo, hasta ahora, de clase media, que ha acogido a los suyos y les está permitiendo sobrevivir.

Este grupo de ciudadanos es, sin embargo, mucho menos tolerante, al ver invadida su área de privacidad, lo que entienden por la libertad fundamental para organizar su vida y la de los suyos. Viven el núcleo familiar como un valor absoluto y entienden que  este núcleo  tiene todo el derecho a educar a los suyos conforme a sus creencias, sean estas cuales sean y a ser absolutamente respetado en las mismas.

Desean la mayor libertad posible para realizar sus actividades profesionales o empresariales y les desespera leer en los diarios y boletines oficiales normas y más normas que coercitivamente tratan de limitar su actividad. Tampoco ven con buenos ojos el crecimiento sin fin de entidades, organismos y empresas públicas, donde el “rum, rum” de la corrupción, del cohecho y del despilfarro como característica permanente de los mismos es evidente.
Casi la única exigencia de este colectivo al Sector público es que actúe con los medios y medidas necesarios para garantizar la existencia real, no virtual, de un Estado de derecho, que proteja sus personas y sus bienes.

Exige leyes, pocas y simples, que traten igual a los que son iguales, Gobiernos que cubran el cumplimiento de dichas leyes y una Justicia que cuando la ley es violada, en un tiempo razonable, sancione y desaliente a quien la incumpla.

En la actualidad, el núcleo familiar está siendo atacado permanentemente y no se defiende ninguna medida que favorezca eficazmente la institución. La intromisión en la educación ética y moral de los hijos es constante. El crecimiento del Sector público se ha vuelto incontrolable, con su exhibición de corrupción, cohecho y despilfarro. La sensación de inseguridad en cuanto a las personas y bienes se extiende a una gran velocidad. La aceptación de que las leyes tratan a los iguales, igualmente, de que la actuación del Gobierno consigue el cumplimiento de dichas leyes y de que las sentencias de los Tribunales reponen el daño causado y restituyen los bienes robados es absolutamente mínima entre los ciudadanos. El descontento de la clase media es creciente.

Hace un par de semanas, durante uno de sus discursos Barack Obama dijo “Es tarea de nuestra generación volver a poner en marcha el motor de crecimiento económico de América: una emergente y próspera clase media”.

Pues sí, una clase media potente es estabilidad social y crecimiento económico, su destrucción es inestabilidad y miseria social.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Nuevo proceso Constitucional

Han finalizado las elecciones en “El País Vasco”, también en ” La Comunidad Gallega” y quedan unos cuantos días para que se celebren las correspondientes en “La Comunidad Catalana”. Es de esperar un periodo de reposo en cuestiones de campañas electorales, que alteran los nervios de los potencialmente elegibles y sumen en el aburrimiento a la mayoría de los electores. Este periodo debería aprovecharse para, calmadamente, hacer algo, que reordene algunas cuestiones, de especial susceptibilidad.

La situación económica parece que se va encauzando, hasta donde es posible encauzarla y desde luego con una absoluta disconformidad de la mayoría de los ciudadanos, totalmente convencidos, con razón o sin razón, de que las decisiones adoptadas para resolverla, no han repartido equitativamente esfuerzos y sacrificios y que en la mayoría de los casos se ha obviado exigir responsabilidades a quienes como responsables, por acción u omisión, del origen de la crisis, se vienen denunciando, como presuntos, en los medios de comunicación.

En un repaso muy rápido y desde luego no exhaustivo, tenemos sobre la mesa o mejor sobre la calle las siguientes cuestiones: La nueva estructura del Estado. Las sentencias, tiempos y prescripciones  de la Justicia, la  Enseñanza  y la Sanidad, los dos pilares de lo que se denomina “El Estado del Bienestar”, ya que los mensajes lanzados sobre la ciudadanía, asegurando su deterioro, su alejamiento de la cobertura universal y de calidad, son permanentes.

El problema de la vivienda, los desahucios, y la dación en pago se está convirtiendo en una cuestión de ámbito nacional, con desprecio de normas jurídicas y de criterios políticos de convivencia social. El sector financiero es mirado con rencor, como principal posible culpable y beneficiario de un trato privilegiado con cargo a los fondos de todos los ciudadanos. La corrupción de miembros de las Administraciones Públicas, ya sean políticos, aforados o no, o de altos o medianos funcionarios, o de sus choferes y secretarias, ocupan las primeras planas de los medios de difusión.

Los políticos son para los ciudadanos, según encuestas publicadas, el tercer problema del Estado. No se considera que cumplan con su función representativa, generada en función de procesos electorales inadecuados. Se estima gozan de privilegios financieros, en sueldos, dietas, tratamiento fiscal, pensiones, amén de impunidad en ciertas áreas y tratamiento especial en procesos que nada tienen que ver con su función política, y todo ello es  considerado intolerable.

No hay otra respuesta a la actual situación que abrir un nuevo proceso constitucional. La actual Constitución Española, se redactó en circunstancias muy excepcionales, no es adecuada a los tiempos actuales y está sirviendo de referencia para no iniciar procesos de saneamiento que son absolutamente necesarios. La Constitución española se ha quedado obsoleta. El no adecuarla a la problemática actual de los ciudadanos españoles, es un delito político, que pagarán no sólo quienes han debido iniciar el proceso de adaptación, si no también y para no variar, los de siempre.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

¿Que Quieren los Ciudadanos?

Aunque nos parezca, a algunos,  que el nombrar gobernantes ha de hacerse mediante el voto ciudadano, esta fórmula es más reciente de lo que podamos sentir. La mayor parte de los españoles  hemos vivido en democracia,  y de otros sistemas de gobierno, o lo hemos leído en los libros o nos lo han contado nuestros padres. Y quizás el que sea este sistema nuestro único conocimiento sensible, nos hace ser un tanto frívolos al juzgarlo, utilizarlo y someterlo a riesgos de permanencia.

Cuando los ciudadanos no votaban, los dirigentes tenían una tremenda tendencia a conducir al pueblo  hacia la transcendencia. Conceptos como religión y patria se utilizaban constantemente, y símbolos como banderas, himnos, cruces y santos, marchaban al frente de masas que no sabían hacia donde iban. Marchaban tras los reyes, los caudillos, los dirigentes, ungidos por ellos mismos, pero en nombre de lo transcendente.

Pero en un mundo de cultura occidental, esos tiempos ya pasaron; quedan pequeños núcleos, con niveles culturales inferiores, con ancestrales odios sin resolver y en general cultivados por quienes los dirigen, y en base a ello se sigue con la retórica política de hace más de cien años, sin asumir que los ciudadanos, hoy piden otras cosas, ya hartos de transcendencias.

El ciudadano de hoy quiere que a cambio de su voto, de ceder su cuota de derecho a decidir sobre su vida, se le ofrezcan  inmediateces esenciales para poder vivir con calidad y en su libre albedrio, no transcendencias, en definitiva “poder llegar a fin de mes”.

Quiere que se le exponga como va a conseguir un puesto de trabajo, como va a obtener una remuneración suficiente para poder llevar una vida de calidad, o cómo va a poder ejercer su profesión libremente y con un decoro remunerativo. El que se siente con alma de empresario querrá que le cuenten como se generará un ámbito financiero y económico en el que las empresas sean viables y un honesto medio de vida. Y también querrá escuchar cómo se hará para que la seguridad ciudadana sea cierta y para que la Justicia sea eso, justicia en tiempo y forma.

Y todo ciudadano desea, que se le garantice que si él aporta su esfuerzo podrá disponer de una vivienda suficiente, cómo va a ser atendido si caen en enfermedad él o los suyos. Desea saber cómo se le garantiza una educación a sus hijos, según la capacidad de los mismos pero suficiente para el día de mañana encontrar trabajo. Y quiere tener garantizado que cuando llegue el momento en que se deba retirar del mundo del trabajo, disponga de una pensión suficiente y no burlesca que le lleve a la miseria.

Alucina el contemplar que, aun hoy día, hay quienes piden el voto, alzando una bandera y gritando nuestra patria. La patria es todo lo que los ciudadanos piden en trocitos, día a día, cuando piden trabajo, vivienda, enseñanza, sanidad,  seguridad y justicia. Y esto es lo que se debe ofrecer a cambio del voto, explicarlo y en su día cumplirlo.

Cuadrando Círculos

Hay dos índices, de los muchos en uso, para exponer la evolución económica de un país: el denominado P.I.B. (Producto Interior Bruto), que representa, con matices, la evolución de la riqueza de un país, si aumenta es que la situación económica mejora y si baja es que la situación empeora; y el índice de paro, que según va aumentando indica que hay más trabajadores parados y si baja que hay menos, podríamos decir que este es el índice de malestar social.

El deseo de todo gobernante y con seguridad de todos los protagonistas sociales, partidos políticos, sindicatos, patronal e instituciones varias, es por tanto que el primero, el P.I.B aumente y que el segundo disminuya. Y se suele expandir la creencia que ambos índices, mantienen una relación de crecimiento inverso, el paro disminuye cuando crece el P.I.B. y viceversa, pero esto no siempre es así.

Creo que se podría afirmar que el crecimiento del P.I.B. es condición  necesaria para que el paro disminuya, pero no condición suficiente.

La inversión española en el extranjero, magnífica y meritoria, indudablemente hará crecer nuestro P.I.B. y también la recaudación fiscal, pero su incidencia sobre el índice de paro será menor de lo que se supone. La mayor parte de los trabajadores serán contratados en los puntos donde las obras o contratos se ejecuten, es decir fuera de España, y una gran parte de los suministros necesarios no serán de procedencia española.

Las empresas españolas tienen, en el momento actual, un alto nivel de infrautilización, es decir con los mismos medios que están utilizando pueden aumentar su producción en forma importante, por tanto, se incrementará su aportación al  producto interior, y también mejorará el índice de competitividad, pero no incidirá igualmente en la mejora del volumen de paro.

Y analizando el futuro del volumen de paro en España, no podemos pasar por alto que se ha estado clamando por un adelgazamiento de la Administración Pública, es decir, cientos de personas ya sea con calificación de laborales o de funcionarios. Muchos quizás pasen a aumentar el número de jubilados pero una gran proporción pasarán a engrosar las listas del paro. Se habla de un exceso de personal en la Administración del entorno de un millón de personas. Muy pocos están en condiciones de incorporarse a empresas privadas.

Puede que si se toman las medidas adecuadas, nos encontremos con un importante crecimiento del P.I.B. y nos felicitaremos, pero con cerca de seis millones de parados. Como ello socialmente es imposible de mantener habrá que ir cambiando la filosofía sobre la creación de nuevas actividades que generen gran número de puestos de trabajo e incluso del reparto de las horas de trabajo disponibles.

lunes, 29 de octubre de 2012

Federalismo o Autonomía

No parece que la actual situación, en relación con la estructura del Estado Español, pueda mantenerse indefinidamente, a base de mirar para otro lado, ya se trate de aspiraciones  de los ciudadanos de determinadas autonomías o de meras maniobras políticas.

En términos generales, los conocedores de estos temas dicen que las diferencias entre un Estado Federal y el existente Estado de las Autonomías, que estructura la Nación española,  no parecen ser muy relevantes. Los territorios que forman parte del estado central (Federación) se llaman a su vez Estados (Federados), y tienen su propia Constitución. En España son Comunidades Autónomas y tienen Estatutos de Autonomía.

Pero es cierto que la mayoría de los ciudadanos de esta nación, desconocen totalmente las consecuencias inmediatas y posteriores, directas e indirectas, que un cambio de tal naturaleza supondría.

Creo que convendría que se diese a conocer, qué supondría para los ciudadanos españoles un posible cambio a un Estado Federal; qué supondría para sus empresas; para las relaciones entre los ciudadanos de los posibles estados federados; las competencias que se mantendrían en los órganos institucionales comunes y las que asumirían los propios de cada autonomía; las consecuencias en el área económica y financiera; la posibilidad de convivir con legislaciones civiles, mercantiles, administrativas y penales diversas; que instituciones sobrevivirían, cuales desaparecerían, y cuales se duplicarían.

Sobre todo este proyecto siempre volará una sombra, la asimetría. Esto quiere decir que algunos Estados Federados tengan mas cuota de autogobierno y se consideren con  más derechos, que han de tener mayor participación en el todo, que  si hay justicia ellos han de ser más, recibir más y tener más. En un Estado federal “simétrico”, cada territorio tiene los mismos poderes y las mismas competencias que el resto, en un Estado Federal “asimétrico” puede haber uno o varios territorios que tengan mas competencias que el resto. De hecho el estado autonómico español es  asimétrico, por ejemplo, Navarra y País Vasco tienen mas competencias  en materia fiscal que el resto de las Comunidades.

En todo caso el establecimiento de un modelo federal en España, se debería hacer mediante una reforma constitucional que requerirá del máximo consenso entre los partidos y los ciudadanos. Cuando exista un didáctico informe con proyección de convertirse posteriormente en norma constitucional, dado a conocer y debatido en los medios políticos, empresariales y en los medios de comunicación, se debería convocar un referéndum, para que los ciudadanos se pronuncien y en su caso se proceda a modificar la actual Constitución. Pero antes de meternos en semejante pantanal a ver si conseguimos que sepamos donde nos metemos.