En términos
generales, los conocedores de estos temas dicen que las diferencias entre un
Estado Federal y el existente Estado de las Autonomías, que estructura la
Nación española, no parecen ser muy
relevantes. Los territorios que forman parte del estado central (Federación) se
llaman a su vez Estados (Federados), y tienen su propia Constitución. En España
son Comunidades Autónomas y tienen Estatutos de Autonomía.
Pero es cierto que la
mayoría de los ciudadanos de esta nación, desconocen totalmente las
consecuencias inmediatas y posteriores, directas e indirectas, que un cambio de
tal naturaleza supondría.
Creo que convendría
que se diese a conocer, qué supondría para los ciudadanos españoles un posible
cambio a un Estado Federal; qué supondría para sus empresas; para las
relaciones entre los ciudadanos de los posibles estados federados; las
competencias que se mantendrían en los órganos institucionales comunes y las
que asumirían los propios de cada autonomía; las consecuencias en el área
económica y financiera; la posibilidad de convivir con legislaciones civiles,
mercantiles, administrativas y penales diversas; que instituciones
sobrevivirían, cuales desaparecerían, y cuales se duplicarían.
Sobre todo este
proyecto siempre volará una sombra, la asimetría. Esto quiere decir que algunos
Estados Federados tengan mas cuota de autogobierno y se consideren con más derechos, que han de tener mayor
participación en el todo, que si hay
justicia ellos han de ser más, recibir más y tener más. En un Estado federal
“simétrico”, cada territorio tiene los mismos poderes y las mismas competencias
que el resto, en un Estado Federal “asimétrico” puede haber uno o varios
territorios que tengan mas competencias que el resto. De hecho el estado autonómico
español es asimétrico, por ejemplo,
Navarra y País Vasco tienen mas competencias
en materia fiscal que el resto de las Comunidades.
En todo caso el
establecimiento de un modelo federal en España, se debería hacer mediante una
reforma constitucional que requerirá del máximo consenso entre los partidos y
los ciudadanos. Cuando exista un didáctico informe con proyección de
convertirse posteriormente en norma constitucional, dado a conocer y debatido
en los medios políticos, empresariales y en los medios de comunicación, se
debería convocar un referéndum, para que los ciudadanos se pronuncien y en su
caso se proceda a modificar la actual Constitución. Pero antes de meternos en
semejante pantanal a ver si conseguimos que sepamos donde nos metemos.