Nuevo proceso Constitucional

Han finalizado las elecciones en “El País Vasco”, también en ” La Comunidad Gallega” y quedan unos cuantos días para que se celebren las correspondientes en “La Comunidad Catalana”. Es de esperar un periodo de reposo en cuestiones de campañas electorales, que alteran los nervios de los potencialmente elegibles y sumen en el aburrimiento a la mayoría de los electores. Este periodo debería aprovecharse para, calmadamente, hacer algo, que reordene algunas cuestiones, de especial susceptibilidad.

La situación económica parece que se va encauzando, hasta donde es posible encauzarla y desde luego con una absoluta disconformidad de la mayoría de los ciudadanos, totalmente convencidos, con razón o sin razón, de que las decisiones adoptadas para resolverla, no han repartido equitativamente esfuerzos y sacrificios y que en la mayoría de los casos se ha obviado exigir responsabilidades a quienes como responsables, por acción u omisión, del origen de la crisis, se vienen denunciando, como presuntos, en los medios de comunicación.

En un repaso muy rápido y desde luego no exhaustivo, tenemos sobre la mesa o mejor sobre la calle las siguientes cuestiones: La nueva estructura del Estado. Las sentencias, tiempos y prescripciones  de la Justicia, la  Enseñanza  y la Sanidad, los dos pilares de lo que se denomina “El Estado del Bienestar”, ya que los mensajes lanzados sobre la ciudadanía, asegurando su deterioro, su alejamiento de la cobertura universal y de calidad, son permanentes.

El problema de la vivienda, los desahucios, y la dación en pago se está convirtiendo en una cuestión de ámbito nacional, con desprecio de normas jurídicas y de criterios políticos de convivencia social. El sector financiero es mirado con rencor, como principal posible culpable y beneficiario de un trato privilegiado con cargo a los fondos de todos los ciudadanos. La corrupción de miembros de las Administraciones Públicas, ya sean políticos, aforados o no, o de altos o medianos funcionarios, o de sus choferes y secretarias, ocupan las primeras planas de los medios de difusión.

Los políticos son para los ciudadanos, según encuestas publicadas, el tercer problema del Estado. No se considera que cumplan con su función representativa, generada en función de procesos electorales inadecuados. Se estima gozan de privilegios financieros, en sueldos, dietas, tratamiento fiscal, pensiones, amén de impunidad en ciertas áreas y tratamiento especial en procesos que nada tienen que ver con su función política, y todo ello es  considerado intolerable.

No hay otra respuesta a la actual situación que abrir un nuevo proceso constitucional. La actual Constitución Española, se redactó en circunstancias muy excepcionales, no es adecuada a los tiempos actuales y está sirviendo de referencia para no iniciar procesos de saneamiento que son absolutamente necesarios. La Constitución española se ha quedado obsoleta. El no adecuarla a la problemática actual de los ciudadanos españoles, es un delito político, que pagarán no sólo quienes han debido iniciar el proceso de adaptación, si no también y para no variar, los de siempre.

¿Que Quieren los Ciudadanos?

Aunque nos parezca, a algunos,  que el nombrar gobernantes ha de hacerse mediante el voto ciudadano, esta fórmula es más reciente de lo que podamos sentir. La mayor parte de los españoles  hemos vivido en democracia,  y de otros sistemas de gobierno, o lo hemos leído en los libros o nos lo han contado nuestros padres. Y quizás el que sea este sistema nuestro único conocimiento sensible, nos hace ser un tanto frívolos al juzgarlo, utilizarlo y someterlo a riesgos de permanencia.

Cuando los ciudadanos no votaban, los dirigentes tenían una tremenda tendencia a conducir al pueblo  hacia la transcendencia. Conceptos como religión y patria se utilizaban constantemente, y símbolos como banderas, himnos, cruces y santos, marchaban al frente de masas que no sabían hacia donde iban. Marchaban tras los reyes, los caudillos, los dirigentes, ungidos por ellos mismos, pero en nombre de lo transcendente.

Pero en un mundo de cultura occidental, esos tiempos ya pasaron; quedan pequeños núcleos, con niveles culturales inferiores, con ancestrales odios sin resolver y en general cultivados por quienes los dirigen, y en base a ello se sigue con la retórica política de hace más de cien años, sin asumir que los ciudadanos, hoy piden otras cosas, ya hartos de transcendencias.

El ciudadano de hoy quiere que a cambio de su voto, de ceder su cuota de derecho a decidir sobre su vida, se le ofrezcan  inmediateces esenciales para poder vivir con calidad y en su libre albedrio, no transcendencias, en definitiva “poder llegar a fin de mes”.

Quiere que se le exponga como va a conseguir un puesto de trabajo, como va a obtener una remuneración suficiente para poder llevar una vida de calidad, o cómo va a poder ejercer su profesión libremente y con un decoro remunerativo. El que se siente con alma de empresario querrá que le cuenten como se generará un ámbito financiero y económico en el que las empresas sean viables y un honesto medio de vida. Y también querrá escuchar cómo se hará para que la seguridad ciudadana sea cierta y para que la Justicia sea eso, justicia en tiempo y forma.

Y todo ciudadano desea, que se le garantice que si él aporta su esfuerzo podrá disponer de una vivienda suficiente, cómo va a ser atendido si caen en enfermedad él o los suyos. Desea saber cómo se le garantiza una educación a sus hijos, según la capacidad de los mismos pero suficiente para el día de mañana encontrar trabajo. Y quiere tener garantizado que cuando llegue el momento en que se deba retirar del mundo del trabajo, disponga de una pensión suficiente y no burlesca que le lleve a la miseria.

Alucina el contemplar que, aun hoy día, hay quienes piden el voto, alzando una bandera y gritando nuestra patria. La patria es todo lo que los ciudadanos piden en trocitos, día a día, cuando piden trabajo, vivienda, enseñanza, sanidad,  seguridad y justicia. Y esto es lo que se debe ofrecer a cambio del voto, explicarlo y en su día cumplirlo.

Cuadrando Círculos

Hay dos índices, de los muchos en uso, para exponer la evolución económica de un país: el denominado P.I.B. (Producto Interior Bruto), que representa, con matices, la evolución de la riqueza de un país, si aumenta es que la situación económica mejora y si baja es que la situación empeora; y el índice de paro, que según va aumentando indica que hay más trabajadores parados y si baja que hay menos, podríamos decir que este es el índice de malestar social.

El deseo de todo gobernante y con seguridad de todos los protagonistas sociales, partidos políticos, sindicatos, patronal e instituciones varias, es por tanto que el primero, el P.I.B aumente y que el segundo disminuya. Y se suele expandir la creencia que ambos índices, mantienen una relación de crecimiento inverso, el paro disminuye cuando crece el P.I.B. y viceversa, pero esto no siempre es así.

Creo que se podría afirmar que el crecimiento del P.I.B. es condición  necesaria para que el paro disminuya, pero no condición suficiente.

La inversión española en el extranjero, magnífica y meritoria, indudablemente hará crecer nuestro P.I.B. y también la recaudación fiscal, pero su incidencia sobre el índice de paro será menor de lo que se supone. La mayor parte de los trabajadores serán contratados en los puntos donde las obras o contratos se ejecuten, es decir fuera de España, y una gran parte de los suministros necesarios no serán de procedencia española.

Las empresas españolas tienen, en el momento actual, un alto nivel de infrautilización, es decir con los mismos medios que están utilizando pueden aumentar su producción en forma importante, por tanto, se incrementará su aportación al  producto interior, y también mejorará el índice de competitividad, pero no incidirá igualmente en la mejora del volumen de paro.

Y analizando el futuro del volumen de paro en España, no podemos pasar por alto que se ha estado clamando por un adelgazamiento de la Administración Pública, es decir, cientos de personas ya sea con calificación de laborales o de funcionarios. Muchos quizás pasen a aumentar el número de jubilados pero una gran proporción pasarán a engrosar las listas del paro. Se habla de un exceso de personal en la Administración del entorno de un millón de personas. Muy pocos están en condiciones de incorporarse a empresas privadas.

Puede que si se toman las medidas adecuadas, nos encontremos con un importante crecimiento del P.I.B. y nos felicitaremos, pero con cerca de seis millones de parados. Como ello socialmente es imposible de mantener habrá que ir cambiando la filosofía sobre la creación de nuevas actividades que generen gran número de puestos de trabajo e incluso del reparto de las horas de trabajo disponibles.