Abril 2013
La actual crisis económica, que padecemos, está generando
una serie de situaciones, humanamente lamentables, unas con notoria y pública
repercusión social y otras que los afectados sufren en pudoroso silencio.
Entre las normas de convivencia social que nos vamos
autoimponiendo, es importante el convencimiento de que gran parte de todos los
problemas que el ciudadano pueda tener deben ser resueltos por el Gobierno de
turno, aunque ello suponga su intervención directa en el ámbito privado de
decisiones, con sus aciertos y errores y sus consecuencias favorables o
desfavorables. No es un buen criterio, en realidad es un desastre, pero lo
cierto es que cada vez tiene más propagandistas.
La situación actual “Desahucios Bancarios”, ha venido a
ser cuestión de necesaria solución inmediata y de casi imposible solución
equitativa y con consecuencias bastante imprevisibles a corto plazo.
Que una sociedad, como la nuestra, no puede permitir que
algunos de sus ciudadanos sean privados de un lugar mínimamente acondicionado
donde vivir, que ahora ocupan con una determinada titularidad jurídica, y sean lanzados a vivir a la
intemperie, podemos considerar que es incuestionable.
Que hubo quien considerando que su situación económica
era estable y con futuro, se comprometió con una deuda que podría pagar y que
tenía intención de pagar, y que ha sido la crisis económica la que le ha
llevado a peor fortuna, trastocando todas sus previsiones financieras,
absolutamente cierto. Pero que algunos adquirieron las viviendas, de las que
hoy se les quiere expulsar, asumiendo unas obligaciones financieras que sabían
que nunca podrían cumplir, aunque no hubiese habido crisis económica, pero que
su estado de necesidad les obligaba a ello, también.
Que los bancos o entidades financieras no cumplieron con
su obligación de haber valorado la capacidad del deudor hipotecario para cubrir
los pagos de la hipoteca incurriendo en grave responsabilidad, nadie lo duda.
Pero debemos tener en cuenta; que somos un Estado de
Derecho y que los pactos contraídos por contratantes, que actuaron libremente,
deben ser respetados y mantenerse y defenderse la exigibilidad de su cumplimiento por las
partes. Si se considera que en la contratación hubo engaño, desconocimiento o
cualquier otra causa que suponga la posibilidad de la nulidad de un contrato,
esto debe determinarlo una sentencia de un tribunal o un acuerdo entre las
partes.
Debemos tener en cuenta: que la intervención directa de
los poderes del Estado, mediante una norma de general aplicación ya sea
mediante Ley, Decreto-Ley o cualquier otra, perjudicando, con efecto
retroactivo, la posición de uno de los contratantes, que actuó conforme a una
ley vigente, y favoreciendo al otro, tendría carácter de expropiación forzosa
sin compensación, lo que no es admisible en un estado que se titula democrático
y además estado de derecho.
Si el criterio expuesto por los servicios jurídicos de la
Unión Europea prospera, habrá que modificar nuestra legislación, pero ello no
supone que se aplique con efecto retroactivo.
El problema de los desahucios debe ser resuelto con
rapidez, y el Gobierno está obligado a que la solución signifique, que la nueva
situación devuelva la paz social y se haga justicia en todos y cada uno de los
casos. No es posible una solución de carácter general, pues las circunstancias
en que las hipotecas que hoy se pretenden ejecutar, tienen su origen en
circunstancias absolutamente diferentes.
Todos los titulares de viviendas adquiridas con carga
hipotecaria, deberían ser tratados con arreglo a las mismas normas y criterios.
No debe considerarse que por el hecho de encontrase en distintos niveles de
necesidad el trato ha de ser distinto y naturalmente no debe entrarse en la
intencionalidad de la adquisición o en el nivel de conocimientos de quienes
contrataron, o si lo hicieron asistidos de letrado o no.
La función asistencial del Estado se realiza por otros
derroteros, si una familia o un individuo necesita medios para poder cubrir una
necesidad básica para su subsistencia se le facilitan y si ello supone que
ocupará una vivienda, de propiedad pública, gratuitamente y sine die, que se le facilite
su ocupación.
Creemos que encontrar una solución que satisfaga a todas
las partes, sin atentar contra el Estado de derecho, que restablezca la paz
social y no suponga un coste desequilibrador para las finanzas del Estado, es
una obra de extraordinaria dificultad y mucho más con la presión que supone la
urgencia. Deseamos que quienes hayan de llevar adelante el procedimiento acierten.
¡Suerte!.
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